Las entidades financieras y el riesgo

Aunque históricamente la labor y la imagen de los banqueros han estado salpicadas de altibajos, en una época más reciente, hacia finales del siglo pasado, aquellos parecieron gozar de cierto prestigio y reconocimiento social. Sin embargo, la etapa comenzada en 2007 ha sumido al sector financiero a nivel global —y esto puede ser novedoso— en el descrédito, como efecto de la mala praxis y de una gestión inadecuada por parte de numerosas entidades financieras, ante la —a veces— laxitud e inoperancia de las autoridades reguladoras y supervisoras, e incluso la de los mismos accionistas (de las entidades con forma de sociedad de capital, pues, como es sabido, también existen instituciones financieras con forma de fundación, mutua o cooperativa). Uno de los retos presentes de esta industria es, en un clima de asentamiento de una cultura de cumplimiento genuina, recuperar la confianza extraviada.

Los grandes perjudicados de este desaguisado han sido los clientes concretos que han sufrido los efectos de las malas decisiones de las entidades con las que han entrado en contacto, y los ciudadanos en general, que han resultado dañados por la inestabilidad financiera —lo que ha dificultado, por ejemplo, el acceso al crédito, o ha encarecido el coste de los servicios financieros— y por la necesidad de recapitalizar con dinero público entidades inviables para evitar males mayores (el “riesgo sistémico”, que todos parecemos haber comprendido e interiorizado). 

Durante la conocida como Gran Moderación se vivieron años de extraordinaria estabilidad económica y de crecimiento sustancial y sostenido. El sistema financiero tradicional (la banca comercial) desempeñó fielmente su función de colocar los excedentes económicos donde más falta hacía, satisfaciendo las necesidades de los depositantes y de los demandantes de crédito. La misma banca de inversión aportó su grano de arena y, mediante productos tan complejos como las titulizaciones o los derivados, pareció coadyuvar a la mitigación de los riesgos, prácticamente a su control total. Se alcanzó así el “clímax financiero”, la existencia de un mundo sin riesgos o, mejor dicho, de un mundo con riesgos, pero de riesgos domados o domesticados, enjaulados y absolutamente bajo control. Obviamente, esta sensación de seguridad y autosuficiencia era infundada.

Como dispone el preámbulo de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades de crédito, “el riesgo y la incertidumbre son consustanciales a la actividad bancaria”. Antes que pretender que la actividad financiera esté exenta de riesgos, lo más pertinente es la consolidación de un enfoque que permita identificarlos y mantenerlos dentro de márgenes conocidos y tolerables, que faciliten su adecuada gestión una vez que las incertidumbres se puedan convertir en peligros reales.

La ampliación y profundidad de los riesgos ha avanzado en paralelo con el tránsito —y, por el momento, la coexistencia— de un modelo de intermediación financiera, en el que las entidades financieras asumen el riesgo de los prestatarios, a otro de desintermediación financiera, donde los ahorradores son los que asumen el riesgo de las inversiones, bien directamente o a través de instituciones de inversión colectiva.

Por tanto, de un modelo de “control del riesgo” se ha pasado a otro de “control de los riesgos”, en el que la enumeración de los riesgos a considerar crece continuamente. Los riesgos pueden ser cuantificables, como el riesgo de crédito, pero también, por su carácter eminentemente cualitativo, más difíciles de medir, siendo este el caso, por ejemplo, del riesgo reputacional. Además, no existirá un solo modelo válido, sino que estos variarán de una entidad a otra en función de su tamaño y complejidad, la eventual presencia internacional, el tipo de clientes, la aceptación de un mayor o menor grado de propensión al riesgo en la propia operativa, los retornos esperados por los accionistas e inversores, etcétera.

En el período de reflexión abierto a continuación del comienzo de la crisis, en el que han participado instituciones internacionales y nacionales, y que ha permitido diseñar en un breve lapso temporal un nuevo sistema financiero global con un amplio denominador común —gracias, sobre todo, al impulso político del Grupo de los Veinte (G-20) y a los desarrollos técnicos del Banco de Pagos Internacionales y de la Junta de Estabilidad Financiera (“Financial Stability Board”)—, se ha concluido que los excesos tuvieron su origen en la ausencia de adecuados procesos internos en las entidades financieras para la gestión del riesgo y, con más amplitud, para su buen gobierno.

La nueva regulación financiera, que ha venido acompañada en el tiempo por el comienzo de la supervisión de las entidades bancarias significativas de la Eurozona por el Banco Central Europeo, incide con intensidad en la necesidad de reforzar la capitalización y solvencia de las entidades, así como el buen gobierno corporativo y la correcta gestión de los riesgos.