En este artículo se
plantea si realmente es fiable que las entidades financieras, que no atraviesan,
en general, su mejor momento reputacional, deban participar o no en la
elaboración e implementación de programas de educación financiera. Aunque los
potenciales conflictos de interés son considerables, con las debidas cautelas y
rigor, el conocimiento y la experiencia que atesoran, con todo, los empleados y
directivos del sector merecen ser aprovechados en beneficio de los ciudadanos.
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