Los
que pudieron haber sido los mejores años de nuestras vidas —los comprendidos
entre 2000 y 2014— se convirtieron para muchos en años de plomo, de sueños
incumplidos y de expectativas quebradas.
Ese
es el periodo analizado por el Banco de España en el “Informe sobre la crisis
financiera y bancaria en España, 2008-2014”, dado a conocer a mediados de junio
de 2017, lo que nos puede dar una idea de su contenido. Es evidente que un
documento referido a una época tan convulsa, en cuyo primer párrafo se afirma,
con deliberado tono neutral, que mantiene un “enfoque descriptivo”, no puede
satisfacer plenamente en su búsqueda de respuestas a los afectados directamente
por la crisis y al conjunto de la ciudadanía.
Pero
no podemos olvidar que se ha tratado de “la mayor crisis financiera global de
los últimos 80 años” (pág. 69) y de una recesión “sin precedentes en tiempos de
paz en España” (pág. 98), lo que supone, de un lado, como en las luchas
mitológicas de los héroes con los dioses, que la suerte estaba echada de
antemano, y, de otro, que la purificación era ineludible y necesaria.
Dos
han sido, en síntesis, los criterios rectores para el tratamiento de choque de la
crisis: proteger al depositante y, como en las películas de zombis, tratar de
detener el contagio a todo el sector financiero, aún a costa de disparar la
deuda pública y consumir hoy los recursos que no sabemos si nos harán falta
mañana (lógica que justifica, desde 2016, la sustitución de los rescates
externos —“bail-out”— por los internos —“bail-in”—).
La
mejor doctrina económica (Kindleberger, Galbraith) ha mostrado la futilidad de
luchar contra una burbuja especulativa financiera o inmobiliaria para
desinflarla ordenadamente. Además, los que tratan de poner buen sentido en una
época de euforia suelen ser tachados de “aguafiestas” (Muñoz Molina), por lo
que el papel a desempeñar por nuestro Banco de España, era, cuando menos,
complejo.
Según
se muestra en el informe, se establecieron mecanismos útiles y novedosos, como
las provisiones contracíclicas, o bien se interpretaron con rigidez las normas
que, en otras jurisdicciones, permitían a las entidades la no inclusión en el
perímetro de consolidación de los vehículos de inversión estructurados. El
Banco de España se pregunta si se podría haber actuado más enérgicamente (pág.
65), pero estas medidas, junto con otras, no pudieron contener el poder
destructivo que se avecinaba en la segunda fase de una crisis con forma de
doble uve.
A
pesar del tono frío, aséptico y casi burocrático, de cronista que pretende ser
objetivo, y de las limitaciones cronológicas de un documento de 2017 que se
centra en los años comprendidos entre 2008 y 2014, el informe es un documento
útil, más bien dirigido a especialistas, que puede servir de marco de
referencia o como “fuente de fuentes”, ante la profusión de información que
ofrece, para los estudiosos del impacto de la “Gran Recesión” en nuestro país.
Si
algún lector busca en él valoraciones, un ejercicio de autocrítica, una
petición de disculpas, la identificación de responsables o incluso un ajuste de
cuentas, no es este, sin duda, el informe que debería analizar. Sin embargo, a
pesar del pretendido enfoque neutral, hay pasajes más que significativos, pues
es notorio que el Banco de España, directa o indirectamente, ha sido un
protagonista primordial en todo este drama.
En
cierto modo, para los que hemos vivido y sufrido la crisis en el día a día,
leer el informe ha supuesto un ejercicio de refresco de la memoria y de
adecuada contextualización, pues la rápida sucesión de normas y la fugaz
desaparición del firmamento regulatorio de disposiciones llamadas a permanecer nos
han impedido tener una visión de conjunto como la que el informe proporciona.
Así,
hemos recordado que el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros se
liquidó, en junio de 2012, con un beneficio para el Estado de unos 650 millones
de euros, los días de la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, la decepción que supuso el ejercicio indirecto de la actividad
financiera de las cajas a través de bancos, el fracaso de los sistemas
institucionales de protección (SIPs) y de las cuotas participativas de las
cajas, el Memorando de Entendimiento y la “gestión de híbridos”, las pruebas de
resistencia a la banca, los “Decretos De Guindos”, la aparición de las
fundaciones bancarias, el comienzo de la supervisión por el Banco Central
Europeo y la transformación del Banco de España, meramente, en “Autoridad
Nacional Competente” en el marco del Mecanism Único de Supervisión…
Al
igual que ya no hay vuelta atrás para poder disfrutar los momentos de felicidad
que no se vivieron o para olvidar los días amargos, la asunción por el
contribuyente, como el informe deja entrever, de una buena parte del coste de
la crisis parece irremediable (págs. 245-248). El informe concluye con un anejo
sobre la “colaboración y actuación del Banco de España con los órganos
jurisdiccionales”, con los penales en particular, por la eventual comisión de
delitos en determinadas entidades de crédito, lo que es plausible pero supone
poco consuelo cuando por el camino nos hemos dejado tanto.
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