Los
banqueros suelen ser personas discretas, aunque la presidenta del Mecanismo
Único de Supervisión haya apelado a la heroica para alentar a los banqueros “a
ser valientes y explorar y conquistar nuevos territorios” (véase la entrada «La Presidenta del MUS y “El Príncipe” de Maquiavelo»).
El
banquero debe ser cauto, pues no maneja dinero propio, sino el de los
accionistas, los depositantes e inversores, con impacto adicional en un grupo
más amplio de interesados.
Esta
debe haber sido la razón por la que la segunda declaración conjunta de la
Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA) sobre Cataluña (la primera es la de 18 de septiembre de 2015, a
la que nos referimos en este post) ha llegado ya casi con la partida decidida:
nadie podrá decir que han influido con su actuación en los acontecimientos, ni
que no han tomado parte.
De
modo indirecto, la posición del sector pudo quedar bosquejada con la decisión
de Banco Sabadell y de CaixaBank de, en virtud de lo acordado por sus consejos
de administración, modificar sus respectivos domicilios sociales y llevarlos fuera de su territorio aparentemente natural.
La
breve declaración, que transcribimos más abajo, proclama el compromiso con la Constitución
y la legalidad. Esta legalidad no es solo la española, pues nuestras entidades están
sometidas mayoritariamente a la regulación y a la supervisión europea.
Precisamente, es el marco europeo el que permite el cumplimiento de los
esenciales fines que tiene atribuidos el sistema financiero. Más Constitución y
más autonomía marcan la senda de la libertad y del progreso económico y social,
en conclusión.
Declaración institucional conjunta de la AEB y de la CECA, 29 de octubre de 2017:
“Las
asociaciones AEB y CECA manifestamos nuestro compromiso con la Constitución y
la legalidad vigente, y nuestra plena confianza en la capacidad de dicho marco
jurídico para resolver la situación provocada por la declaración aprobada el
pasado viernes 27 de octubre por el Parlamento de Cataluña.
Las
entidades financieras integradas en la AEB y CECA están sujetas a la regulación
española y europea, así como a la supervisión del Banco de España y del Banco
Central Europeo. Están igualmente comprometidas con el cumplimiento de las leyes
que emanan de nuestro marco constitucional. Formar parte de la Unión Bancaria les
permite cumplir con su misión principal que es proteger y gestionar el ahorro
de los depositantes y financiar el crecimiento.
El
mejor camino para consolidar la recuperación de la economía y el empleo en Cataluña
y en el resto de España es la continuidad del esfuerzo colectivo que, a partir
de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, ha hecho posible nuestra convivencia
en libertad, la presencia de España en Europa y la mayor etapa de progreso
económico y social de nuestra historia común”.
