Declaración conjunta AEB-CECA sobre Cataluña: más Constitución y más "Estatut"

Los banqueros suelen ser personas discretas, aunque la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión haya apelado a la heroica para alentar a los banqueros “a ser valientes y explorar y conquistar nuevos territorios” (véase la entrada «La Presidenta del MUS y “El Príncipe” de Maquiavelo»).

El banquero debe ser cauto, pues no maneja dinero propio, sino el de los accionistas, los depositantes e inversores, con impacto adicional en un grupo más amplio de interesados.

Esta debe haber sido la razón por la que la segunda declaración conjunta de la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) sobre Cataluña (la primera es la de 18 de septiembre de 2015, a la que nos referimos en este post) ha llegado ya casi con la partida decidida: nadie podrá decir que han influido con su actuación en los acontecimientos, ni que no han tomado parte.

De modo indirecto, la posición del sector pudo quedar bosquejada con la decisión de Banco Sabadell y de CaixaBank de, en virtud de lo acordado por sus consejos de administración, modificar sus respectivos domicilios sociales y llevarlos fuera de su territorio aparentemente natural.

La breve declaración, que transcribimos más abajo, proclama el compromiso con la Constitución y la legalidad. Esta legalidad no es solo la española, pues nuestras entidades están sometidas mayoritariamente a la regulación y a la supervisión europea. Precisamente, es el marco europeo el que permite el cumplimiento de los esenciales fines que tiene atribuidos el sistema financiero. Más Constitución y más autonomía marcan la senda de la libertad y del progreso económico y social, en conclusión.

Declaración institucional conjunta de la AEB y de la CECA, 29 de octubre de 2017:

“Las asociaciones AEB y CECA manifestamos nuestro compromiso con la Constitución y la legalidad vigente, y nuestra plena confianza en la capacidad de dicho marco jurídico para resolver la situación provocada por la declaración aprobada el pasado viernes 27 de octubre por el Parlamento de Cataluña.

Las entidades financieras integradas en la AEB y CECA están sujetas a la regulación española y europea, así como a la supervisión del Banco de España y del Banco Central Europeo. Están igualmente comprometidas con el cumplimiento de las leyes que emanan de nuestro marco constitucional. Formar parte de la Unión Bancaria les permite cumplir con su misión principal que es proteger y gestionar el ahorro de los depositantes y financiar el crecimiento.

El mejor camino para consolidar la recuperación de la economía y el empleo en Cataluña y en el resto de España es la continuidad del esfuerzo colectivo que, a partir de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, ha hecho posible nuestra convivencia en libertad, la presencia de España en Europa y la mayor etapa de progreso económico y social de nuestra historia común”.

La "enmienda CaixaBank" para el cambio de sede

(Publicado en Cinco Días el día 8 de octubre de 2017) 

 

El análisis del momento requiere amplitud de miras, más allá de lo coyuntural. Nuestra era ha transcurrido, hasta la llegada de la Revolución Industrial, no plácida pero sí sosegadamente. Desde este momento histórico los cambios de toda índole —económicos, tecnológicos, sociales, políticos— se han acelerado. 

Se ha llegado a plantear que los desarreglos entre naciones y Estados, cuyos últimos coletazos llegaron hasta el último cuarto del siglo XX con el proceso de descolonización, quedarían definitivamente resueltos, sin esfuerzo, con la implantación del Estado del Bienestar y con la extensión de la globalización económica. 

La Cuarta Revolución Industrial en la que estamos inmersos ha generado interrogantes, malestar en ciertos sectores sociales que han vivido en la abundancia y nuevas paradojas.

La crisis financiera, felizmente superada, según la Comisión Europea, en agosto de 2017, ha provocado que al bajar la marea queden a la vista cuestiones territoriales y políticas sin resolver, como la de Cataluña, entre otras. El margen económico para seguir ofreciendo concesiones y, por tanto, para dialogar, es reducido.

La tensión social y política en Cataluña ha provocado lo impensable: que grandes y emblemáticas empresas radicadas históricamente en esta comunidad hayan emprendido el cambio de domicilio social con rumbo a otras zonas geográficas más estables. 

CaixaBank lo ha anunciado por hecho relevante el 6 de octubre, pero con algunas particularidades. La justificación del cambio de domicilio desde Barcelona a Valencia es encomiable desde el punto de vista técnico, ya que obedece a la “prioridad de toda entidad financiera” de proteger a “sus clientes, accionistas y empleados, y con el objetivo de salvaguardar plenamente la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad”.

Un error de cálculo podría ser fatal, pues el negocio bancario, en general, se inspira en la confianza, y la pérdida de esta podría conducir a situaciones de riesgo irreversibles. CaixaBank es una entidad, supervisada por el BCE, que claramente se identifica con Cataluña —lo que es natural, pues trae origen del modelo de las cajas de ahorros—, cuyo negocio se extiende por toda España y por otros países. Entre sus accionistas e inversores, en un mundo globalizado, los hay de todas las latitudes del planeta. La salvaguarda de los intereses de los accionistas, inversores y depositantes es irrenunciable. 

Pero el hecho relevante no finaliza con el texto que hemos transcrito, sino que continúa, ya que el traslado queda condicionado a la modificación de la Ley de Sociedades de Capital anunciada por el Consejo de Ministros. 

Tradicionalmente, nuestra normativa societaria ha atribuido a la junta general de accionistas la competencia para el traslado del domicilio social, a salvo del traslado dentro del mismo municipio, que puede ser acordado por el consejo de administración.

La modificación de la Ley de Sociedades de Capital en 2015 por la Ley 9/2015 permite al órgano de administración el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional, pero limitando dicha competencia a que no existiese una disposición contraria en los estatutos de la sociedad en cuestión. En este punto concreto se han suscitado dos interpretaciones de la norma, una restrictiva y otra amplia, favorecedora de la atribución de esta competencia al consejo.

El inconveniente reside en que los Estatutos de CaixaBank atribuyen, en su literalidad, la competencia para acordar el traslado de domicilio  a la junta general.

En este contexto se ha aprobado el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, publicado en el BOE de 7 de octubre y con entrada en vigor en la misma fecha, que, como es obvio, no se refiere expresamente a CaixaBank. Lo que lleva a cabo este Real Decreto-ley, pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados, es una interpretación auténtica, efectuada por el “legislador”, para unificar los criterios divergentes de los operadores jurídicos.

La modificación del artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital se acompaña de una disposición transitoria única, en la que está la clave de la reforma, según la cual “se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.

Es decir, se obliga a los socios a pronunciarse, pues, en caso contrario, a pesar de la redacción estatutaria, el consejo podrá adoptar el acuerdo correspondiente.

Por lo tanto, el Consejo de CaixaBank ya se puede reunir de nuevo para acordar, efectivamente, el cambio de domicilio social. Y así lo ha hecho en la mañana del 7 de octubre.

Los mercados reaccionan ante el entorno político y social, al igual que los políticos lo hacen ante los estímulos económicos. No es posible separar ambas esferas —la política y la económica—, que están interconectadas. La caída en la valoración de las acciones, y el desgaste, más en general, de los mercados en los últimos días, muestran las predicciones y las preferencias de los inversores ante la evolución de los acontecimientos, a lo que no han podido resistirse los administradores y los gestores de las compañías, ni un Gobierno que ha tratado de facilitar la salida de estas de un territorio en efervescencia. 

El cambio de domicilio de Banco Sabadell y CaixaBank: más allá de los símbolos

No es frecuente que el consejo de administración de una entidad bancaria significativa adopte, sorpresivamente, un acuerdo para trasladar su domicilio social dentro del territorio nacional.

Según el artículo 9.1 de la Ley de Sociedades de Capital: “Las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”.

Conforme a lo estipulado en el artículo 285.1 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general, pero el apartado segundo de dicho artículo establece una excepción: “salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.

Banco Sabadell ha publicado un lacónico hecho relevante del siguiente tenor:

“El Consejo de Administración de Banco Sabadell, en sesión extraordinaria celebrada en  el día de hoy, ha acordado trasladar su domicilio social a Avenida Óscar Esplá nº 37, Alicante”.

Hasta el momento, su domicilio estaba radicado en Sabadell, Plaça de Sant Roc, nº 20.

Según el artículo 46, letra h), de los estatutos sociales de Banco Sabadell, compete a la junta general “el traslado de domicilio al extranjero”. Por lo tanto, residualmente, el traslado del domicilio dentro del Estado es competencia del consejo de administración.

En cambio, en el caso de CaixaBank, el artículo 4.1 de los estatutos establece el domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal, 62, pero el apartado segundo de aquel, por descuido o a propósito, dispone que “El domicilio social podrá trasladarse a otro lugar dentro del mismo término municipal por acuerdo del Consejo de Administración. Para proceder a su traslado a un término municipal distinto se precisará el acuerdo de la Junta General de Accionistas”.

Obviamente, el necesario acuerdo por la junta general de accionistas impone unas cargas procedimentales mucho más pesadas que el simplemente adoptado por el órgano de administración.

La interpretación del artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital no es pacífica. Según expone Alfaro en su blog (“Traslado del domicilio social por los administradores”, 24 de febrero de 2016):

«Como es sabido, hasta la reforma del art. 285.2 LSC los administradores estaban facultados para trasladar el domicilio social –sin intervención de la junta– dentro del municipio. En algunos estatutos sociales, como consecuencia de la regulación antigua, se hablaba de “población” en lugar de “término municipal”. El art. 149 LSA hablaba ya de “término municipal”. La reforma del art. 285.2 LSC extendió la facultad de los administradores al traslado del domicilio social dentro del territorio nacional. Obviamente, muchas compañías no modificaron sus estatutos para hacer uso de esta posibilidad y se plantea el problema de si la cláusula estatutaria que se limita a remitirse a la ley o se limita a reproducir la norma legal vigente en el momento en el que se redactan los estatutos debe considerarse una remisión estática (a la legislación vigente en el momento de la redacción) o dinámica (a la redacción legal vigente en cada momento). La DGRN se inclina, como habíamos propuesto nosotros, por entender que, en la medida en que no haya indicios en los estatutos de que los socios han querido hacer uso de su libertad de configuración estatutaria para modificar o derogar la ley, la remisión ha de entenderse dinámicamente».

Alfaro se refiere, en particular, a la resolución de 3 de febrero de 2016.

Pero una realidad social más que enrarecida no permite interpretar más o menos laxamente un precepto legal, sino que impone la efectividad, en tiempo real, de decisiones.

De torcerse las cosas se podría generar un daño irreparable a los accionistas, inversores y clientes —entre otros grupos de interés— de una de las instituciones más modélicas de nuestro sistema financiero.

Para más complicación, la supervisión de las grandes entidades de crédito españolas, como las citadas, se ejerce, desde noviembre de 2014, por el Banco Central Europeo, en el marco del Mecanismo Único de Supervisión, luego el problema vinculado a la eventual crisis de uno de estos bancos no sería catalán ni español, sino netamente europeo.

Según la información de El Confidencial (“El Gobierno prepara un cambio urgente para que las empresas puedan salir de Cataluña”, 5 de octubre de 2017), “el Ministerio de Economía ha redactado una disposición adicional a un decreto-ley que prevé aprobar este viernes y que permite a los órganos de gobierno de las empresas mover su sede incluso si los estatutos de la sociedad disponen que hace falta un acuerdo de los accionistas. La forma elegida, un decreto-ley, hace que entre en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente el fin de semana, aunque después lo tenga que ratificar el Congreso”.

A efectos prácticos, esta hipotética modificación de la Ley de Sociedades de Capital vendría a confirmar que nos adentramos en un terreno desconocido, en el que habría que preservar tanto valor económico y jurídico como se pueda, en un sector especialmente volátil como es el bancario, teniendo en cuenta, además, que nos encontramos antes sociedades cotizadas expuestas al vendaval —no siempre negativo— de los mercados.

En una sociedad globalizada como la nuestra, los mercados imponen al poder político su disciplina, más allá de las ideologías y de sus posibles excesos.

Ya no sabemos si los políticos nos protegen de los defectos de los mercados, como se ha defendido hasta la saciedad durante estos años de hierro, o los mercados de los malos políticos, como también se ha argumentado reiteradamente.

La Unión Europea, Cataluña y los banqueros

Son solo cuatro párrafos, cuatro, los de la declaración institucional, de 18 de septiembre de 2015, de las patronales bancaria y del sector de las cajas de ahorros (o de los bancos procedentes de estas), la Asociación Española de Banca –AEB– y la Confederación Española de Cajas de Ahorros –CECA– (presidida por Isidre Fainé), acerca de la posible ruptura del marco estatal básico de convivencia.

Como se señala mediante nota al pie de la declaración, “las  principales  entidades  asociadas a AEB y CECA son: Caixabank, Santander, BBVA, Bankia Sabadell y Popular”. Para qué decir más.

La nota institucional se centra “en los riesgos que para la estabilidad financiera comportaría cualquier decisión política que quebrantara la legalidad vigente y conllevara la exclusión de la Unión Europea y del euro de una parte de España”.

Obviamente, no se entra en cuestiones políticas (los banqueros siempre han sido gente prudente) pero sí en las implicaciones para las entidades mismas con implantación en Cataluña, que posiblemente habrían de abandonar la comunidad autónoma, con la consiguiente reducción de la oferta financiera, en menoscabo de los depositantes y otras personas que entran en relación con las entidades bancarias.

Ciertamente, desde noviembre de 2014, las cinco entidades mencionadas, y muchas otras entidades españolas, están sujetas a la seria y rigurosa regulación europea y a la supervisión por el Banco Central Europeo, en los primeros pasos hacia una verdadera Unión Bancaria, con el año 2024 como punto de arranque efectivo (momento en el que el Fondo Único de Resolución estará totalmente dotado).

La Unión Bancaria no es un fin sino un medio para el logro de otros fines mucho más irrenunciables. Por tanto, es razonable pensar que cualquier paso que se diera debería contar, en último término, con la aquiescencia de la UE y de la UEM.

El último párrafo de la declaración es audaz, pues las patronales se adentran en el terreno del consejo (razonable) dirigido a los líderes políticos “para que, por medio del diálogo, impulsen las reformas que permitan seguir progresando en la consecución de mayores niveles de bienestar y cohesión social para todos”.

Sin prejuzgar la cuestión, y partiendo de que en un régimen democrático como el que nos hemos concedido, todo, absolutamente todo, se puede discutir, jamás ha existido en la Historia un soberano que no estuviera asistido por banqueros.