Los efectos de la crisis según Javier Marías: más allá de los números

(“Lo fácil que es engañar”, Javier Marías en El País Semanal, 15 de octubre de 2017)

«Hace no mucho la Ministra de Trabajo se fue de rositas tras ensalzar la “gran recuperación” de la economía tras la crisis, y encima se vanaglorió, con el mayor cinismo, de que “nadie ha sido dejado atrás”. A Báñez le fallan las neuronas (es la única alternativa al cinismo), y además no se baja nunca de su coche oficial. Le bastaría pisar la Plaza Mayor de Madrid para ver que todos sus soportales están tomados por masas de mendigos que duermen y velan dentro de sus cartones, despidiendo un hedor que nada tiene que envidiar al de Calcuta en sus peores tiempos. Esa plaza, como otros puntos de la ciudad, son favelas, cada día más. Y si Gallardón y Botella no tomaron medida alguna, imagínense Carmena, a quien el escenario tal vez parezca de perlas y “aleccionador” para los turistas. Báñez se ha olvidado ya de los incontables negocios que debieron echar el cierre desde 2008, a los que de repente los bancos negaban hasta el crédito más modesto; de los infinitos parados súbitos del sector de la construcción y de las empresas afines: gente que llevaba una vida fabricando grifos, pomos o cañerías se quedó en la ruina y a menudo en la calle; tampoco va la Ministra a oficinas ni tiendas, en las que verá cómo se ha reducido el personal brutalmente y cómo quienes conservan el empleo se ven obligados a hacer jornadas interminables, a multiplicar su tarea por dos o tres, para paliar esa falta de compañeros de la que los dueños sacan ganancia. Haga interminable cola en un supermercado y pregúntese por qué hay una sola caja abierta, en vez de tres o seis; pregunte qué sueldo perciben esos trabajadores que mantienen su puesto, se enterará de que no están lejos de ser siervos; pregunte qué tipo de contratos se ofrecen, y verá el abuso del patrono institucionalizado, y protegido por su Gobierno y por ella. ¿A nadie se ha dejado atrás? Son millones los que han perdido el empleo, el negocio o aun la vida, los que han engrosado las filas de la pobreza. Ya no se habla de nada de esto».

El Banco de España y su visión de la crisis financiera y bancaria

(Publicado en Cinco Días el 14 de julio de 2017)

Los que pudieron haber sido los mejores años de nuestras vidas —los comprendidos entre 2000 y 2014— se convirtieron para muchos en años de plomo, de sueños incumplidos y de expectativas quebradas. 

Ese es el periodo analizado por el Banco de España en el “Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014”, dado a conocer a mediados de junio de 2017, lo que nos puede dar una idea de su contenido. Es evidente que un documento referido a una época tan convulsa, en cuyo primer párrafo se afirma, con deliberado tono neutral, que mantiene un “enfoque descriptivo”, no puede satisfacer plenamente en su búsqueda de respuestas a los afectados directamente por la crisis y al conjunto de la ciudadanía.

Pero no podemos olvidar que se ha tratado de “la mayor crisis financiera global de los últimos 80 años” (pág. 69) y de una recesión “sin precedentes en tiempos de paz en España” (pág. 98), lo que supone, de un lado, como en las luchas mitológicas de los héroes con los dioses, que la suerte estaba echada de antemano, y, de otro, que la purificación era ineludible y necesaria. 

Dos han sido, en síntesis, los criterios rectores para el tratamiento de choque de la crisis: proteger al depositante y, como en las películas de zombis, tratar de detener el contagio a todo el sector financiero, aún a costa de disparar la deuda pública y consumir hoy los recursos que no sabemos si nos harán falta mañana (lógica que justifica, desde 2016, la sustitución de los rescates externos —“bail-out”— por los internos —“bail-in”—).

La mejor doctrina económica (Kindleberger, Galbraith) ha mostrado la futilidad de luchar contra una burbuja especulativa financiera o inmobiliaria para desinflarla ordenadamente. Además, los que tratan de poner buen sentido en una época de euforia suelen ser tachados de “aguafiestas” (Muñoz Molina), por lo que el papel a desempeñar por nuestro Banco de España, era, cuando menos, complejo.

Según se muestra en el informe, se establecieron mecanismos útiles y novedosos, como las provisiones contracíclicas, o bien se interpretaron con rigidez las normas que, en otras jurisdicciones, permitían a las entidades la no inclusión en el perímetro de consolidación de los vehículos de inversión estructurados. El Banco de España se pregunta si se podría haber actuado más enérgicamente (pág. 65), pero estas medidas, junto con otras, no pudieron contener el poder destructivo que se avecinaba en la segunda fase de una crisis con forma de doble uve.

A pesar del tono frío, aséptico y casi burocrático, de cronista que pretende ser objetivo, y de las limitaciones cronológicas de un documento de 2017 que se centra en los años comprendidos entre 2008 y 2014, el informe es un documento útil, más bien dirigido a especialistas, que puede servir de marco de referencia o como “fuente de fuentes”, ante la profusión de información que ofrece, para los estudiosos del impacto de la “Gran Recesión” en nuestro país.

Si algún lector busca en él valoraciones, un ejercicio de autocrítica, una petición de disculpas, la identificación de responsables o incluso un ajuste de cuentas, no es este, sin duda, el informe que debería analizar. Sin embargo, a pesar del pretendido enfoque neutral, hay pasajes más que significativos, pues es notorio que el Banco de España, directa o indirectamente, ha sido un protagonista primordial en todo este drama.

En cierto modo, para los que hemos vivido y sufrido la crisis en el día a día, leer el informe ha supuesto un ejercicio de refresco de la memoria y de adecuada contextualización, pues la rápida sucesión de normas y la fugaz desaparición del firmamento regulatorio de disposiciones llamadas a permanecer nos han impedido tener una visión de conjunto como la que el informe proporciona.

Así, hemos recordado que el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros se liquidó, en junio de 2012, con un beneficio para el Estado de unos 650 millones de euros, los días de la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, la decepción que supuso el ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas a través de bancos, el fracaso de los sistemas institucionales de protección (SIPs) y de las cuotas participativas de las cajas, el Memorando de Entendimiento y la “gestión de híbridos”, las pruebas de resistencia a la banca, los “Decretos De Guindos”, la aparición de las fundaciones bancarias, el comienzo de la supervisión por el Banco Central Europeo y la transformación del Banco de España, meramente, en “Autoridad Nacional Competente” en el marco del Mecanism Único de Supervisión…

Al igual que ya no hay vuelta atrás para poder disfrutar los momentos de felicidad que no se vivieron o para olvidar los días amargos, la asunción por el contribuyente, como el informe deja entrever, de una buena parte del coste de la crisis parece irremediable (págs. 245-248). El informe concluye con un anejo sobre la “colaboración y actuación del Banco de España con los órganos jurisdiccionales”, con los penales en particular, por la eventual comisión de delitos en determinadas entidades de crédito, lo que es plausible pero supone poco consuelo cuando por el camino nos hemos dejado tanto.

Italia: principio de la banca y fin de la Unión Bancaria

Publicado en el blog ¿Hay Derecho? el 28 de julio de 2016 

Es falso que las “medidas de rescate interno” (“bail in”) solo se apliquen en las entidades de crédito europeas en crisis desde el 1 de enero de 2016, conforme a la Directiva 2014/59/UE (objeto de transposición por la Ley 11/2015).

Lo saben bien los accionistas y los titulares de deuda (preferentes, bonos) de las entidades españolas rescatadas con dinero público, quienes, conforme al Memorando de Entendimiento de 2012, hubieron de “compartir su carga” (“burden sharing”) con los contribuyentes (las previsiones del Memorando, cuya vinculación jurídica es, al menos, discutible, se materializaron en el Real Decreto-ley 24/2012 y en la Ley 9/2012). 

Es decir, antes de que se inyectara el dinero público, se practicaron quitas que volatilizaron total o sustancialmente la inversión de los clientes. A diferencia de lo acaecido en la crisis financiera chipriota de 2013, en el caso español no se planteó que sufrieran menoscabo los depósitos garantizados (por encima de 100.000 euros). 

La Audiencia Nacional ha confirmado lo inatacable de la aplicación de estas medidas de rescate interno, aunque, naturalmente, deja indemne la posibilidad de recurrir a la jurisdicción civil para el análisis de una mala comercialización de los productos financieros. La labor de los tribunales españoles ha permitido, de forma paulatina, el reequilibrio de la situación, con unos costes sociales, afortunadamente, asumibles.

La supervisión de las entidades de crédito significativas de la eurozona (en general, con activos superiores a los 30.000 millones de euros) en el marco del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, comenzó en noviembre de 2014. El 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor, en paralelo, el Mecanismo Único de Resolución, a la vez que se ha comenzado a dotar por la industria el Fondo Único de Resolución, que contará a finales de 2023 con unos fondos equivalentes, aproximadamente, al uno por ciento de los depósitos de las entidades supervisadas (unos 55.000 millones de euros).

El Mecanismo Único de Resolución contempla que solo se inyectará dinero público en las entidades que atraviesen un estado de crisis, con carácter excepcional, una vez que se hayan practicado medidas internas, entre las que se incluyen, ahora sí, las quitas sobre los depósitos por valor superior al garantizado, además de otras sobre los accionistas y titulares de instrumentos de deuda.

Parece justo que el contribuyente no tenga que pagar, como norma, los desaguisados cometidos en entidades de carácter privado como son los bancos (el papel de las cajas y cooperativas en Europa no pasa de ser testimonial, a pesar de que, bien llevadas, sus efectos beneficiosos para el colectivo son innegables). 

Esto implica una revolución copernicana de la que los clientes de las entidades bancarias todavía no son conscientes: la responsabilidad en la elección de la entidad bancaria con la que entrarán en relación, pues su seriedad y buen hacer será la mejor garantía de que sus ahorros o inversiones no sufrirán menoscabo. 

También los accionistas (los minoristas pero también los institucionales) deberán preguntarse si el riesgo de la inversión se ve compensado por unos retornos más que moderados.

Este es el nuevo panorama regulatorio que con tanto esfuerzo —y no sin resistencias— se ha puesto en pie con celeridad en apenas cuatro años.

Todo este razonable entramado, en estado casi virginal, saltará por los aires cuando se admita la recapitalización del sistema bancario italiano con dinero público y sin la aplicación de medidas de rescate interno.

Pensábamos que la mediación de las autoridades regulatorias y supervisoras europeas nos preservaría de la arbitrariedad, pero, lamentablemente, se aprecia con nitidez que seguimos inmersos en una pugna en la que la estabilidad financiera, un principio absolutamente digno de tutela por el papel cardinal que desarrolla el sistema financiero en nuestras sociedades, cede ante otros tipos de interés.

Se consideró que el enfermo de Europa era el sistema financiero español, pero la verdadera carga es el italiano. Nuestras autoridades, a diferencia de las italianas, no tuvieron la capacidad de presión suficiente sobre la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para evitar la aplicación de quitas sobre los accionistas, bonistas y preferentistas, que fue un prerrequisito para la facilitación del rescate.

Paradójicamente, la transformación de las cajas de ahorros españolas se ha acometido con la referencia de las fundaciones bancarias de inspiración italiana, que, como se ve, ni han impedido la politización de estas entidades ni la consecuente mala gestión que tiene postrado al sistema bancario italiano y quién sabe si al europeo.

Pero lo más grave, para nosotros, es la posible desintegración del proyecto de una genuina unión bancaria para Europa, como paso previo a auténtica una unión económica y monetaria, y, por último, a una Europa políticamente unida.