El impuesto sobre las transacciones financieras y el eterno retorno

(Publicado en el blog de iAhorro el 17 de enero de 2018)

Ha pasado una década desde el comienzo de una crisis financiera sobre la que se sigue discutiendo, como acredita la reciente constitución parlamentaria de la “Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera”, sin que, como si aquella fuera un elemento viscoso y pegajoso, se vislumbre el momento en el que sean superadas las autojustificaciones y los reproches, en el que se pueda pasar página y encarar el futuro. 

Los tópicos, aunque insuficientes e inexactos, son útiles e incluso necesarios en una sociedad definida por la superficialidad y por el uso masivo de las redes sociales como vía para acceder a la información. Los bancos tradicionales tienen muy mala reputación entre la ciudadanía. La percepción de que la crisis fue originada —exclusivamente— por los bancos está bien implantada entre nosotros, sin que se haya tratado de ir más allá de lo evidente para encontrar otras causas o explicaciones más profundas y complejas. 

El Premio Nobel de Economía Robert Shiller ha destacado en su obra “Las finanzas en una sociedad justa” que, a pesar de que el público percibe la centralidad, la sobriedad y la seguridad de los bancos, cuyos dirigentes, de hecho, guían a la comunidad entera, una especie de rabia se enciende siempre que hay una crisis bancaria y los gobiernos del mundo acuden al rescate de sus intereses.

Han escaseado enseñanzas, sin embargo, como las de Raghuram Rajan, quien fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional y, más tarde, gobernador del Banco Central de la India. Rajan afirma en su obra “Grietas del sistema” (“Fault lines” en inglés), en relación con los Estados Unidos de América (¿con validez también para España?), que, ante la constatación en los primeros años 90 del pasado siglo de que los ciudadanos tenían cada vez ingresos más reducidos, la clase política comenzó a buscar formas rápidas para ayudarles —ciertamente, más rápidas que la reforma educativa, que necesita décadas para producir resultados—. Viviendas asequibles para grupos de bajos ingresos fue la respuesta obvia, a lo que se unió un acceso fácil al crédito.

A pesar de que no todas las culpas se deban atribuir al sector financiero, parece justo que este deba responder de la factura de su rescate, aunque todos los indicios apuntan a una financiación de una parte sustancial del mismo por parte del contribuyente. 

No obstante, hay ocasiones en las que se percibe que, para algunos, el “castigo” debe ser todavía mayor, y se pretende que el sistema financiero responda de “culpas ajenas”, como veremos más adelante.

Si atendemos a las fechas de algunas de las propuestas históricas para imponer tributos específicos sobre la actividad de las entidades financieras, resulta que algunas de las más relevantes se han formulado justo a continuación de etapas de profunda crisis económica. Por ejemplo, en lo que afecta al impuesto sobre las transacciones financieras, Keynes se posicionó a su favor en la época de la Gran Depresión y Stiglitz tras el crac bursátil de 1987. Por ello, no es extraño que el debate para gravar con más intensidad a las entidades financieras se haya reabierto coincidiendo con la Gran Recesión de 2008 y los años posteriores en los que se han exteriorizado sus duras secuelas, no tanto como castigo sino como medio para compensar los dispendios públicos y limitar para lo sucesivo la asunción de riesgos excesivos en el desarrollo de su actividad (lo que quizás, en este último caso, se debería acometer más bien a través de la regulación financiera antes que desde el ámbito de la tributación).

Pero el establecimiento de este tipo de impuestos no es sencillo técnicamente. La tensión a la que se somete una libertad como la libre circulación de capitales, que se puede considerar plenamente vigente a escala global —a pesar de los escarceos del presidente Trump con el proteccionismo—, y, especialmente, en un mercado interior como el de la Unión Europea, implica que si la tributación de un elemento tan móvil como es el capital, en sus diversas modalidades, no va acompañada de una extraordinaria colaboración e intercambio de información entre Estados, este objetivo puede ser vano o, lo que es peor, perjudicial o contraproducente para la actividad económica. 

Hay un riesgo real de que las rentas originadas en un país puedan buscar otros países de fiscalidad más favorable, erosionando la capacidad recaudatoria que se pretende reforzar. Como advirtió la Fundación Ideas respecto a la “competencia fiscal” entre países: “dada la rápida movilidad internacional del capital, el hecho de que un país recaude impuestos sobre las transacciones financieras podría generar movimientos para trasladar los servicios financieros fuera de dicho país” (“Impuestos pare frenar la especulación financiera. Propuestas para el G-20”, mayo de 2010).

El Comité Económico y Social Europeo ha señalado explícitamente que se debe aplicar “el máximo esfuerzo para que se efectúe la introducción del impuesto a nivel mundial («Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE”», COM (2011) 594 final, 2012/C 181/11). La dificultad para alcanzar esta aspiración no merece más comentario.

Estas complicaciones se redoblan en el caso de la Unión Europea, en la que uno de los 28 Estados miembros (Reino Unido, la nación más beligerante en contra de un impuesto sobre las transacciones financieras europeo) va a abandonar el proyecto común, y, de los 27 Estados restantes, 19 son parte del euro, en tanto que los ocho restantes países conservan sus propias divisas. No es de extrañar que los intentos de establecer un impuesto sobre las transacciones financieras en Europa hayan fracasado tanto en 2011 como en 2013, y que este proyecto en hibernación siga interesando, tan solo, a una decena de los países de la Unión Europea, entre ellos España.

En los primeros días de 2018 se ha vuelto a plantear por algunos representantes políticos españoles la posibilidad de crear un impuesto sobre las transacciones financieras: nada nuevo según lo expuesto. Más novedoso es que se promueva que los bancos paguen un recargo del 8% en el Impuesto sobre Sociedades para aplicarlo a la reducción del déficit de la Seguridad Social.

Si lo primero (el impuesto sobre las transacciones financieras) no se proyecta y ejecuta desde el ámbito internacional, unas entidades bancarias que empiezan a ver la luz al final del túnel pero aún con una baja rentabilidad, sometidas a la competencia de las entidades tecnológicas que ofrecen servicios financieros (“Fintech”), con una carga sustancial de préstamos impagados (“non-performing loans”), en un entorno de tipos de interés negativos y de cambio del modelo de negocio según se solicita por el supervisor bancario (el Banco Central Europeo), pueden sufrir, pues los ahorradores e inversores buscarían las jurisdicciones más favorables fiscalmente para colocar sus depósitos y capitales. 

En cuanto a lo segundo, esto es, la financiación del déficit de la Seguridad Social con cargo directo al sector financiero, nos parece un parche insólito. Antes bien, habría que apostar por el rejuvenecimiento de la sociedad, la generación de trabajo de calidad y la restauración de una adecuada relación entre los cotizantes y los pensionistas. 

Recuperar la confianza del cliente —y del contribuyente— en el sector financiero a golpe de más tributación no parece, en principio, la vía más idónea ni efectiva, con la paradoja de que serán las entidades que mejor paradas han salido de la crisis, las que han sido más conservadoras y prudentes, las que tendrán que pagar la cuenta dejada por muchas entidades inexistentes en la actualidad o la deuda generada por una situación con la que no guardan relación alguna (la de la Seguridad Social).

En todo caso, como en cualquier empresa, los mayores costes en los que los bancos puedan incurrir terminarán siendo repercutidos a los clientes, quienes verán incrementarse los precios de los servicios demandados o disminuir los retornos esperados por sus ahorros e inversiones. La misma Comisión Europea ha admitido expresamente este posible efecto (“Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Fiscalidad del Sector Financiero”, COM (2010) 549 final, 7 de octubre). 

En fin, cualquier movimiento, más allá de los intereses particulares, debe ser cuidadosamente meditado, incluso antes de ser anunciado.

Tendencias “Fintech”: diálogos en Fráncfort del Meno

(Publicado en EnFintech el 6 de diciembre de 2017)

En un ejercicio de transparencia, el Banco Central Europeo (BCE) dedica un espacio en su página web al conocido como “Banking Industry Dialogue”, que es un foro de intercambio de impresiones entre el supervisor y la industria bancaria europea sobre temas de actualidad con impacto en la estabilidad financiera y en la política macroprudencial. El grupo está encabezado formalmente por el presidente del BCE y se reúne dos veces al año en Fráncfort del Meno.

El contenido de lo tratado en las reuniones es de una importancia extraordinaria, pues en ellas se discuten las verdaderas inquietudes del BCE, de los grandes bancos europeos, las tendencias, los riesgos, las oportunidades…

La lectura de las actas nos permite sumergirnos, sin intermediarios, en la realidad de la banca del presente y del futuro más inmediato, y la conclusión es que casi todo lo que podemos leer en la prensa económica, fuera de ambientes reservados, es fiel al panorama que se dibuja en estas reuniones, lo que nos parece una buena señal, un indicio de limpieza.

La última reunión se celebró el 8 de noviembre de 2017, y el acta de la sesión es de 29 de noviembre de 2017 (“Summary of Banking Industry Dialogue on 8 November 2017 in Frankfurt am Main”).

La lista de autoridades y entidades que asistieron se pueden consultar en el propio documento, pero lo relevante, en todo caso, no está en los sujetos sino en el objeto de lo discutido.

Según el documento, el fenómeno “Fintech” se percibe por el sector como una oportunidad, pues los bancos pueden tomar ventaja de los avances tecnológicos. También podrían, por ejemplo, adquirir compañías, formalizar alianzas con las entidades “Fintech” o desarrollar proyectos propios con las ideas suministradas por las empresas tecnológicas. Aquí se afirma, sin embargo, que los bancos más pequeños tienen menores posibilidades en esta arena, ya que las inversiones necesarias son de gran escala. 

Si los bancos quieren seguir siendo competitivos deben invertir en tecnología para poder ofrecer servicios digitales. Es evidente que la inversión no rendirá hasta pasados algunos años, por lo que los bancos podrían optar por las fusiones transfronterizas para ganar tamaño.

La prestación de unos mismos servicios debería quedar sometida a unas mismas reglas, con independencia de qué tipo de entidad los ofrezca, se sugiere.

Al parecer, según el acta, y esto nos parece un enorme error de concepto y estratégico, no se refirió como un factor clave la adecuada protección y satisfacción del cliente, más allá de una somera referencia a los nuevos servicios financieros ofrecidos “on line”.

El riesgo de que las grandes empresas tecnológicas (las célebres GAFA) incorporen servicios financieros en sus plataformas se valora por los bancos europeos como un potencial reto competitivo. Se hizo notar en Fráncfort del Meno que, como ya sabemos, algunos de estos gigantes tecnológicos han desarrollado estructuras de pago, aunque, normalmente, en cooperación con los bancos, y que, en algunos casos, prestan servicios de financiación. 

Consideramos que esta alianza entre concepciones, entidades y propietarios tan divergentes podría encubrir una “paz armada”, o bien dar cobijo a una verdadera “entente cordial”: el tiempo dirá. 

Los bancos cuentan con infraestructuras físicas (el espacio real también cuenta) y tecnológicas, datos, clientes, la reserva legal para captar depósitos y centurias de experiencia —un activo que quizás no tenga demasiado valor en el presente—, además de una muy estrecha y especial relación con los Estados…

Si el sector “Fintech”, por mucho que cuente con el favor de los usuarios más jóvenes y tecnificados, se precipitara y lanzara un “ataque” sin la suficiente madurez y a destiempo, los resultados del choque serían fácilmente predecibles.

No son escasos los retos del sector, ni, como cuando cayó Constantinopla en 1453 ante el empuje de Mehmed II, pocas las grietas en las murallas del tradicionalmente inexpugnable sector bancario. Quizás el escenario más adecuado, ciertamente, sea el de la cooperación, en beneficio de todos los oferentes de servicios financieros y, especialmente, de la clientela que los recibe y paga.

 

El "apagón" de 2022 y su impacto en las finanzas

En el año 2022 se produjo el “apagón” (“black-out”), por motivos no esclarecidos todavía del todo. Hay quien afirma que los “Nexus”, en alguna de sus diversas versiones, se vieron implicados más o menos directamente en los hechos que lo originaron.

El flujo de energía eléctrica tradicional y nuclear quedó interrumpido durante meses, por lo que todas las máquinas alimentadas por esta fuente de energía quedaron inútiles, inservibles. 

La ingente cantidad de datos acumulada en soporte digital se perdió o quedó deteriorada irreversiblemente. Las grandes compañías y plataformas que, gracias al tratamiento masivo de datos, parecía que dominarían la economía mundial durante, al menos, el resto del siglo XXI, quebraron súbitamente. Entre ellas cabe citar, por ejemplo, a la Tyrell Corporation.

Los humanos, pero también los cíborgs y los robots, tuvieron que volver a formas de vida anteriores a las propias de las surgidas al albur de la Revolución Industrial. 

A pesar de la abundancia de máquinas —inertes—, la vida en Los Ángeles en 2022 era más similar a la desarrollada por los pobladores de las cuevas de Altamira, miles de años atrás, que a la de los habitantes de una ciudad como Londres en el año 2000. La contradicción no podía ser mayor. 

Pocos habían valorado en su justa medida la dependencia de la energía y la vulnerabilidad de los datos almacenados en soporte electrónico ante un corte prolongado del suministro y las tensiones magnético-ambientales.

La economía mundial se desplomó, y el sueño, para unos, o la pesadilla, para otros, de un planeta globalizado y culturalmente homogéneo desapareció como las lágrimas en la lluvia. 

Con el restablecimiento de la energía, con unas infraestructuras de toda índole seriamente dañadas por el desuso y por la agitación y el conflicto social, fue posible, como en la Edad Media, el surgimiento de enormes orbes separadas del exterior por grandes murallas para proteger a “la barbarie de la barbarie”. Estas “megaciudades” estaban, por tanto, prácticamente desconectadas entre sí. 

La contaminación ambiental, con origen en el desbocado crecimiento industrial del siglo XX, y, sobre todo, en el “Conflicto Armado Nuclear”, empujaron a la búsqueda y al asentamiento de nuevos espacios para la vida humana en el mundo exterior.

La Tierra quedó como un lugar destinado a habitantes de segunda, aunque gracias a la Wallace Corporation se pudo, al menos, alimentar a la población con comida artificial y crear una nueva generación de robots para realizar las tareas más arduas en un entorno para el desarrollo de la vida cotidiana extraordinariamente hostil, a la vez que se facilitaba la salida del planeta, para aquellos que pudieran permitírselo, hacia destinos más estables y prometedores.

Curiosamente, la Wallace Corporation asentó su hegemonía tecnológica en un poder financiero tosco y arcaico. En el fervor de la “Cuarta Revolución Industrial”, ante la presión de las que fueron conocidas como las empresas “Fintech” y una vez retirados todos los billetes y monedas soberanos en circulación, los grandes bancos mundiales se digitalizaron absolutamente, sin mantener un solo dato en soporte papel.

Las consecuencias del “apagón” de 2022 fueron letales para estos grandes bancos, que, privados de energía y de los datos conservados en soporte digital, no pudieron desarrollar su actividad ni prestar sus servicios.

La ausencia de dinero físico fue la causa del retorno de la permuta para el intercambio de bienes y servicios, lo que aceleró el declive de las grandes entidades financieras, en una economía de subsistencia en la que los humanos, cíborgs y robots cada vez necesitaban menos de intermediarios financieros y más de un milagro para sobrevivir.

Los bancos de menor tamaño que no se digitalizaron, que siguieron conservando archivos en papel y una operativa más primitiva y localizada territorialmente, fueron los que, al regresar la energía, pudieron retomar su actividad de modo más efectivo. Se convirtieron en grandes. Fueron adquiridos por la Wallace Corporation, que, partiendo de estos despojos, edificó su grandeza y supremacía.

El Banco de España y su visión de la crisis financiera y bancaria

(Publicado en Cinco Días el 14 de julio de 2017)

Los que pudieron haber sido los mejores años de nuestras vidas —los comprendidos entre 2000 y 2014— se convirtieron para muchos en años de plomo, de sueños incumplidos y de expectativas quebradas. 

Ese es el periodo analizado por el Banco de España en el “Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014”, dado a conocer a mediados de junio de 2017, lo que nos puede dar una idea de su contenido. Es evidente que un documento referido a una época tan convulsa, en cuyo primer párrafo se afirma, con deliberado tono neutral, que mantiene un “enfoque descriptivo”, no puede satisfacer plenamente en su búsqueda de respuestas a los afectados directamente por la crisis y al conjunto de la ciudadanía.

Pero no podemos olvidar que se ha tratado de “la mayor crisis financiera global de los últimos 80 años” (pág. 69) y de una recesión “sin precedentes en tiempos de paz en España” (pág. 98), lo que supone, de un lado, como en las luchas mitológicas de los héroes con los dioses, que la suerte estaba echada de antemano, y, de otro, que la purificación era ineludible y necesaria. 

Dos han sido, en síntesis, los criterios rectores para el tratamiento de choque de la crisis: proteger al depositante y, como en las películas de zombis, tratar de detener el contagio a todo el sector financiero, aún a costa de disparar la deuda pública y consumir hoy los recursos que no sabemos si nos harán falta mañana (lógica que justifica, desde 2016, la sustitución de los rescates externos —“bail-out”— por los internos —“bail-in”—).

La mejor doctrina económica (Kindleberger, Galbraith) ha mostrado la futilidad de luchar contra una burbuja especulativa financiera o inmobiliaria para desinflarla ordenadamente. Además, los que tratan de poner buen sentido en una época de euforia suelen ser tachados de “aguafiestas” (Muñoz Molina), por lo que el papel a desempeñar por nuestro Banco de España, era, cuando menos, complejo.

Según se muestra en el informe, se establecieron mecanismos útiles y novedosos, como las provisiones contracíclicas, o bien se interpretaron con rigidez las normas que, en otras jurisdicciones, permitían a las entidades la no inclusión en el perímetro de consolidación de los vehículos de inversión estructurados. El Banco de España se pregunta si se podría haber actuado más enérgicamente (pág. 65), pero estas medidas, junto con otras, no pudieron contener el poder destructivo que se avecinaba en la segunda fase de una crisis con forma de doble uve.

A pesar del tono frío, aséptico y casi burocrático, de cronista que pretende ser objetivo, y de las limitaciones cronológicas de un documento de 2017 que se centra en los años comprendidos entre 2008 y 2014, el informe es un documento útil, más bien dirigido a especialistas, que puede servir de marco de referencia o como “fuente de fuentes”, ante la profusión de información que ofrece, para los estudiosos del impacto de la “Gran Recesión” en nuestro país.

Si algún lector busca en él valoraciones, un ejercicio de autocrítica, una petición de disculpas, la identificación de responsables o incluso un ajuste de cuentas, no es este, sin duda, el informe que debería analizar. Sin embargo, a pesar del pretendido enfoque neutral, hay pasajes más que significativos, pues es notorio que el Banco de España, directa o indirectamente, ha sido un protagonista primordial en todo este drama.

En cierto modo, para los que hemos vivido y sufrido la crisis en el día a día, leer el informe ha supuesto un ejercicio de refresco de la memoria y de adecuada contextualización, pues la rápida sucesión de normas y la fugaz desaparición del firmamento regulatorio de disposiciones llamadas a permanecer nos han impedido tener una visión de conjunto como la que el informe proporciona.

Así, hemos recordado que el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros se liquidó, en junio de 2012, con un beneficio para el Estado de unos 650 millones de euros, los días de la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, la decepción que supuso el ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas a través de bancos, el fracaso de los sistemas institucionales de protección (SIPs) y de las cuotas participativas de las cajas, el Memorando de Entendimiento y la “gestión de híbridos”, las pruebas de resistencia a la banca, los “Decretos De Guindos”, la aparición de las fundaciones bancarias, el comienzo de la supervisión por el Banco Central Europeo y la transformación del Banco de España, meramente, en “Autoridad Nacional Competente” en el marco del Mecanism Único de Supervisión…

Al igual que ya no hay vuelta atrás para poder disfrutar los momentos de felicidad que no se vivieron o para olvidar los días amargos, la asunción por el contribuyente, como el informe deja entrever, de una buena parte del coste de la crisis parece irremediable (págs. 245-248). El informe concluye con un anejo sobre la “colaboración y actuación del Banco de España con los órganos jurisdiccionales”, con los penales en particular, por la eventual comisión de delitos en determinadas entidades de crédito, lo que es plausible pero supone poco consuelo cuando por el camino nos hemos dejado tanto.