Son solo cuatro párrafos, cuatro, los de la declaración
institucional, de 18 de septiembre de 2015, de las patronales bancaria y del
sector de las cajas de ahorros (o de los bancos procedentes de estas), la
Asociación Española de Banca –AEB– y la Confederación Española de Cajas de
Ahorros –CECA– (presidida por Isidre Fainé), acerca de la posible ruptura del marco estatal básico de convivencia.
Como se señala mediante nota al pie de la declaración, “las principales
entidades asociadas a AEB y CECA son:
Caixabank, Santander, BBVA, Bankia Sabadell y Popular”. Para qué decir más.
La nota institucional se centra “en los riesgos que para la estabilidad
financiera comportaría cualquier decisión política que quebrantara la legalidad
vigente y conllevara la exclusión de la Unión Europea y del euro de una parte
de España”.
Obviamente, no se entra en cuestiones políticas (los
banqueros siempre han sido gente prudente) pero sí en las implicaciones para
las entidades mismas con implantación en Cataluña, que posiblemente habrían de
abandonar la comunidad autónoma, con la consiguiente reducción de la oferta
financiera, en menoscabo de los depositantes y otras personas que entran en
relación con las entidades bancarias.
Ciertamente, desde noviembre de 2014, las cinco entidades
mencionadas, y muchas otras entidades españolas, están sujetas a la seria y rigurosa
regulación europea y a la supervisión por el Banco Central Europeo, en los
primeros pasos hacia una verdadera Unión Bancaria, con el año 2024 como punto
de arranque efectivo (momento en el que el Fondo Único de Resolución estará
totalmente dotado).
La Unión Bancaria no es un fin sino un medio para el logro de
otros fines mucho más irrenunciables. Por tanto, es razonable pensar que
cualquier paso que se diera debería contar, en último término, con la
aquiescencia de la UE y de la UEM.
El último párrafo de la declaración es audaz, pues las
patronales se adentran en el terreno del consejo (razonable) dirigido a los
líderes políticos “para que, por medio del diálogo, impulsen las reformas que permitan
seguir progresando en la consecución de mayores niveles de bienestar y cohesión
social para todos”.
Sin prejuzgar la cuestión, y partiendo de que en un régimen
democrático como el que nos hemos concedido, todo, absolutamente todo, se puede
discutir, jamás ha existido en la Historia un soberano que no estuviera
asistido por banqueros.
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