El Banco Central Europeo ha emitido una opinión, de 10 de abril de 2015, sobre el proyecto de
ley presentado por el Ministro de Economía, Infraestructuras, Asuntos Marítimos
y Turismo de la República Helénica, que pretende suspender las subastas sobre la
primera residencia de ciertos deudores y sus fiadores.
La norma afectaría a
las subastas, no a la continuación del proceso de ejecución hipotecaria
comenzado por el banco acreedor.
Los deudores deben
cumplir ciertos requisitos para beneficiarse de la medida:
- Los ingresos netos
anuales no deben exceder de 50.000 euros.
- El valor de su
patrimonio no debe exceder de 500.000 euros.
- Los depósitos y otros
activos mobiliarios, radicados tanto en Grecia como en el extranjero, a fecha
20 de noviembre de 2013, no deben superar los 30.000 euros.
Los deudores con
ingresos de hasta 35.000 euros pagarán al acreedor una cuota mensual igual al
10% de sus ingresos netos mensuales; los que estén por encima de 35.000 euros
pagarán el 10% citado hasta dicha cantidad, y un 20% sobre el resto.
El incumplimiento por
el deudor de estas obligaciones conllevará la suspensión de las medidas
protectoras.
Esta regulación
prorroga y amplía la de 2010.
Lo anterior es la
descripción objetiva de las medidas, pero lo que viene a continuación son las
observaciones del Banco Central Europeo.
La autoridad monetaria
y supervisora no se anda por las ramas. Las medidas, desde su implementación en
2010, han tenido un impacto adverso en la cultura de pagos griega, y se han
convertido en uno de los obstáculos para dar una solución a los préstamos en
mora de los bancos griegos, reforzando el círculo vicioso de inestabilidad
financiera-inestabilidad económica-no concesión de crédito.
Los efectos que se desprenden de la regulación no están bien
focalizados sobre un grupo reducido de deudores vulnerables que demanden una
verdadera protección, además de que son inadecuados, crean «riesgo moral» y
minan la concesión de crédito en el futuro.
En concreto, las
medidas del proyecto de ley griego, continúa el Banco Central Europeo, fomentan
que los deudores que no se hallan en situación de auténtica necesidad dejen de
cumplir sus obligaciones o las cumplían solo parcialmente, a pesar de poder
darles satisfacción en toda su extensión («strategic default»).
Los bancos
reaccionarán, al parecer, dando menos crédito y cargando mayores tipos de
interés a los consumidores, lo que acarreará menos crecimiento y creación de
empleo.
La insuficiencia del
enfoque de las proyectadas medidas causaría injusticia, asimismo, desde una
perspectiva social. El Banco Central Europeo no es insensible a la crisis
humanitaria, pero afirma que prefiere una red de seguridad social antes que
estas medidas con sus efectos adversos. La protección social se podría
completar con una mejora de las condiciones de algunos deudores hipotecarios, similares
a las que se le someten pero mucho menos intensas que las previstas por el
ministerio de economía griego, pues las relaciones entre deudores y acreedores
se deben sustentar sobre sólidos pilares.
Para el Banco Central,
la base de la moratoria es excesivamente generosa, superando ampliamente a los
deudores vulnerables y de bajos ingresos, lo que desincentiva la cooperación de
los bancos y sus clientes. Igualmente, dejaría sin eficacia práctica otras
reformas de los últimos años.
El Banco Central
Europeo pide a las autoridades griegas una evaluación más sosegada del impacto
del proyecto de ley, que podría ser contrario al acuerdo alcanzado recientemente
por Grecia con el Eurogrupo, en febrero de 2015.
Muchas de estas
reflexiones se incorporan, casi literalmente, en el discurso del gobernador del Banco de España dictado en Granada, el mismo día 10 de abril, como se observa
en los siguientes párrafos:
«Primera, en este nuevo
marco, es fundamental que la legislación preserve la cultura de pago que
tradicionalmente ha existido en el mercado hipotecario español. El deterioro de
esta cultura, tal y como ocurrió en alguno de los países miembros de la UEM acogidos
a programas de rescate de la Unión Europea, sería, realmente, muy negativo para
la estabilidad del sistema financiero.
Segunda, las
modificaciones en la legislación deben encontrar un adecuado equilibrio entre
los derechos de los acreedores y los de los deudores, especialmente de aquellos
en situación de exclusión social, y querría destacar la conveniencia de centrar
los esfuerzos en el ámbito de las políticas sociales: un país con el grado de
desarrollo económico, social e institucional de España tiene medios suficientes
para afrontar y resolver las situaciones más dramáticas e inaceptables de
exclusión y necesidad sin, por ello, afectar a la estabilidad financiera».
Ciertamente, en España también
se han suspendido, hasta 2017, los lanzamientos en los procesos de ejecución
hipotecaria, disponemos de un Código de Buenas Prácticas y de un Fondo Social
de Viviendas, pero con un alcance, en cuanto a los potenciales beneficiarios,
muchísimo más restringido.
Por suerte, entre
Grecia y España media un abismo.
Nuestros vecinos
mediterráneos nos hacen pensar en el refrán: más vale pasar un momento rojo que
cien morado. Medidas tan poco realistas como las que propugnan se pueden
identificar sin dificultad con una manifiesta voluntad rebelde, rayana, por el
exceso, en el sentido del humor. Las autoridades europeas no deberían demorar
más el acto final de la tragedia griega, sea en un sentido o en otro. Con toda probabilidad, Sócrates, el tábano de Atenas, hubiera tenido argumentos para encogerse de hombros y defender con igual eficacia a tirios y troyanos.
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