El
27 de febrero de 2017 Mario Draghi respondió a la pregunta escrita dirigida por
la europarlamentaria López Bermejo.
La
interpelación y la respuesta son interesantes, porque su objeto es el programa
de ajuste del sector financiero para España, en cuyo centro de gravedad se
sitúa el Memorando de Entendimiento de julio de 2012.
Según
Draghi, “el papel del BCE en dichos programas es cooperar con la Comisión
Europea, ofreciendo asesoramiento y análisis técnico a las autoridades que
soliciten asistencia financiera e informando al grupo de trabajo del Eurogrupo
y al Eurogrupo. Este fue asimismo el caso para el programa de ajuste financiero
solicitado por el Gobierno de España en 2012. El personal del BCE no participó en la determinación de las necesidades
de asistencia financiera de entidades de crédito específicas españolas”.
Posteriormente,
recuerda en su respuesta las pruebas de resistencia para la verificación de la
solvencia de las entidades españolas y la evaluación de sus activos, en unas
fechas que fueron realmente angustiosas para el sector:
“[…]
permítame recordar que el volumen de la asistencia financiera del Mecanismo
Europeo de Estabilidad se basó principalmente en las pruebas de resistencia
para verificar la solvencia de las entidades realizadas por el Fondo Monetario
Internacional como parte del Programa de Evaluación del Sector Financiero
finalizado en junio de 2012. De acuerdo con los términos del Memorando de
Entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera de julio de
2012, las autoridades españolas encargaron posteriormente a evaluadores
externos y a auditores internacionales un examen de la calidad de los activos
de distintos grupos bancarios españoles. Dicho examen sirvió de base para la
prueba de resistencia banco por banco que realizó el consultor externo. A
partir del examen de la calidad de los activos y las pruebas de resistencia desagregadas,
las autoridades españolas determinaron el importe de los fondos que
efectivamente se desembolsaron en el marco del programa de asistencia financiera”.
Tras
una referencia tácita a Bankia y al calendario de su privatización, concluye
que “el BCE considera que el programa de asistencia financiera para España
consiguió restablecer la resistencia del sector bancario español”.
En
cambio, Stiglitz (*) valora de forma diametralmente opuesta los programas de
rescate de los últimos años, entre ellos el español:
«Criticism
of the euro has focused on the “programs” imposed on the crisis countries that
required support—Portugal, Ireland, Greece, Spain, and, later, Cyprus. Designed
by the Troika, which is the triumvirate of the International Monetary Fund, the
European Central Bank, and the European Comission, these programs effectively
required crisis countries to surrender large elements of economic sovereignty
to their “partners” in return for the assistance. Money is lent to the crisis
country (it is seldom given) but with strong conditions. The loan, together
with its conditions, and the country´s timetable for meeting the conditions is
called the program.
Unlike
conventional loans, where lenders typically add conditions to make it more
likey that the loan will be repaid, the conditionality imposed by the eurozone
branches into areas not directly related to loan repayment. It attempts to
ensure that the economic practices of the country conform to what the finance
ministers of the eurozone countries (dominated in particular by Germany) think
the country should do. This coertion has backfired—the conditions imposed have
often led to economic contraction, making it less likely that the money that
was borrowed will be repaid».
(*)
Stiglitz, J. (2016): The euro. How a
common currency threatens the future of Europe, W.W. Norton & Company,
Inc., New York, pp. 17 y 18.
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