López Jiménez,
J.Mª. y Zamarriego, A. (extracto del artículo publicado en Diario La Ley, nº 9089,
de 27 de noviembre de 2017)
Que los créditos
morosos o impagados de la banca europea, los llamados “Non-Performing Loans” (“NPLs”
por sus siglas en inglés), son un foco de preocupación, es palmario. Según el
Banco Central Europeo, nos hallamos ante este tipo de préstamos cuando han
pasado más de 90 días sin que el deudor haya pagado los plazos o el interés
pactados, aunque esta definición no es pacífica.
Pero esta inquietud
no se limita al ámbito bancario, regulatorio o supervisor, sino que ha superado
estas fronteras para llegar al de decisión puramente política.
Las
implicaciones de esta problemática alcanzan a las entidades bancarias europeas
individualmente consideradas, al sector en su conjunto y a la estabilidad
financiera, pero también a los consumidores, que, además, en estos supuestos,
son especialmente vulnerables, pues no habrán sido capaces de atender sus
obligaciones de pago, lo que, en su caso, podría acarrear la ejecución de las
garantías hipotecarias por las entidades acreedoras y la pérdida de su
vivienda.
Los propios
consumidores y las pequeñas y medianas empresas, indirectamente, también
tendrán más complicado acceder al crédito bancario si los impagos en el sector
financiero son excesivos, como así está demostrado que ocurre.
Desde luego, el
momento es propicio, dada la debilidad de los bancos tradicionales, en general,
para un incremento de la oferta crediticia a través de fórmulas alternativas,
como la emisión de bonos, o el surgimiento de plataformas de financiación
colaborativa, que, en nuestro país, se han regulado por medio de la Ley 5/2015,
de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
Parece que las
autoridades, con una mano, tratan de ayudar al sector bancario, pero, con la
otra, promueven e impulsan la aparición de nuevos competidores tecnológicos
(las entidades “Fintech”).
Aunque Fischer
afirma que no es exacto concluir que el sector inmobiliario está en el centro de
todas las crisis financieras, matiza que hay un claro enlace entre estas y las
dificultades experimentadas por aquel sector. Tras una crisis financiera tan
virulenta como la reciente, en la que, en efecto, entre otros desequilibrios,
se han formado burbujas inmobiliarias en determinados países que han provocado
un excesivo endeudamiento de las familias y de las empresas —también de las
entidades bancarias para atender la demanda de financiación—, era inevitable
que surgieran este tipo de incidencias. Su multiplicación ha supuesto la
superación de las relaciones individuales banco-cliente para que el fenómeno
pase a ser sistémico, afectando tanto a los bancos con altas tasas de mora o
impago como a los que se encuentran en una situación más favorable, y, por
extensión, a toda la ciudadanía.
Este es,
precisamente, uno de los inconvenientes de la incipiente Unión Bancaria —quizás
de la Unión Europea o de otros proyectos de integración política y económica,
más en general—: une a los Estados y bancos participantes para lo bueno, pero
también para lo negativo, pues la percepción por parte de terceros es de
conjunto, sin diferenciar donde se encuentra realmente el origen de la
problemática. Y una percepción menos buena o negativa incide en la confianza
que despierta todo el sector, y, en la práctica, en el tipo de interés que han
de satisfacer las entidades al pedir financiación en los mercados, en el
volumen de financiación al que acceden, en los plazos de maduración, en la necesaria
concesión de garantías, etcétera.
Por ello, la
solución a los NPLs debe venir dada no a nivel nacional sino, más amplia y
coordinadamente, desde el ámbito de decisión europeo.
Según hemos
anticipado, lo que, inicialmente, era una cuestión sectorial o técnica, se ha elevado
al nivel de preocupación política.
Al final de
2016, los NPLs representaban en Europa un 5,1% del total de préstamos (en
términos brutos) frente al 1,5% de otras jurisdicciones como Japón o EEUU.
Entidades de diez Estados miembros, entre los que se encuentra España, tienen
una tasa de mora superior al 10%. La mayor dificultad radica en que hay Estados
cuyos respectivos sectores bancarios están prácticamente libres de impagos (1%
sobre el crédito concedido) pero, en otros, se alcanzan porcentajes de mora cercanos
al 50% (especialmente graves son los casos de Grecia y Chipre).
Y eso que si
atendemos a las enseñanzas de De Juan, «las peores pérdidas de un banco están
ocultas en los créditos clasificados por el banquero como créditos vigentes o
“créditos buenos”».
El inconveniente
es que las acciones sobre los NPLs necesitan tiempo para su efectividad: se
pueden alcanzar victorias parciales, pero hay que armarse de paciencia para
apreciar una auténtica mejoría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario